lopdY es que parece que las denuncias de organismos e instituciones públicas contra Google no tienen fin. Esta vez es la Agencia Española de Protección de Datos la que reclama a Google que bloquee en su buscador la referencia de cerca de 90 entradas que dicha agencia considera que vulneran el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Google por su parte ha calificado esta petición directamente como censura en la Web y ha decidido recurrir 75 de ellas ante la Audiencia Nacional por atentar contra el derecho a la libertad de expresión en la red.

Y es que el tema en si es complejo. Cuando en la vida offline los delitos y faltas prescriben al cabo de un tiempo ya que las leyes españolas entienden que una vez saldada la deuda con la sociedad, un ciudadano no debe cargar para el resto de su vida con un error cometido en el pasado, en el mundo online esto no funciona de la misma manera. Algunas de las entradas que la AEPD quiere que Google no muestre en el resultado de sus búsquedas corresponden a información que ha aparecido publicada en el BOE y que en la actualidad está prescrita y por lo tanto vulneraría ciertos derechos de algunos ciudadanos. Lo que está claro es que si los BOEs a los que hace referencia la AEPD siguen estando accesibles al público en Internet (y recordemos que es un deber de los ciudadanos el consultarlos periódicamente!) realmente no veo el por qué se tiene que bloquear esta información en los buscadores. Si el problema está en el origen de los datos, se deberían articular los mecanismos necesarios para que este origen se mantenga dentro de la ley y por lo tanto, las herramientas que explotan estos datos no necesitarán ser “parcheadas” para que hagan excepciones.

Las instituciones públicas son las primeras que deberían velar por el cumplimiento de la LOPD y asegurarse muy mucho qué información publican de los ciudadanos. Han de entender que en la era en la que nos encontramos las reglas de juego han cambiado y por lo tanto han de actualizar sus Sistemas de Información para garantizar que no se vulneran los derechos de los ciudadanos en el origen de los datos. El buscador de Google es una herramienta que explota información y que debería mantenerse lo más neutra posible.  Es alarmante que el Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, el señor Artemi Rallo, eche la culpa a Google por “no dar una respuesta tecnológica para garantizar los derechos de los ciudadanos” cuando los que deberían dar esta respuesta son las instituciones y organismos públicos y las empresas prividas. Realmente es otra muestra más de la distancia que separa a nuestros políticos, y cargos públicos de la realidad de la sociedad tecnológica en la que vivimos y de lo poco que entienden el funcionamiento de Internet.

Estaremos atentos a la respuesta de los jueces y la jurisprudencia que pueda derivarse en nuestro país de todo este proceso.

Oscar Pin – Consultor TIC

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