canondigitalNOEl tribunal de la Unión Europea ha sentenciado que es ilegal aplicar el canon digital a las empresas y profesionales. Sin duda es una de las noticias del día y seguro que lo seguirá siendo durante las próximas semana. Recordemos que está a punto de aprobarse la ley de sostenibilidad que incluye la famosa ley Sinde. Esta sentencia del tribunal europeo debería hacer reflexionar seriamente a nuestros diputados sobre las leyes que se aprueban en nuestro país y que después se demuestra que no se ajustan a la normativa europea y se tienen que revisar, rehacer o directamente derogar.

Con esto no estoy diciendo que los políticos en general y los gobiernos en particular no tengan derecho a equivocarse, son humanos y por lo tanto el hecho de equivocarse  está en sus genes. Pero cuando una parte muy importante de la sociedad se declara abiertamente en contra de una ley que claramente beneficia a unos pocos criminalizando al resto de los ciudadanos de un país y pierden de esta manera la presunción de inocencia de un día para otro, es que algo va realmente mal en ese país. Por desgracia la aplicación del canon digital supuso la aplicación de un tributo a todos los ciudadanos de nuestro país por el posible uso ilícito que se podría realizar de la compra de un dispositivo con capacidad para almacenar bits y por lo tanto de almacenar música, video o libros en formato digital. No contentos con este atropello a los derechos de los ciudadanos, empresas y profesionales de nuestro país, para mantener contentos a un grupo de amigos y empresas privadas recaudadoras de tributos como la famosa SGAE se han sacado de la manga la ley Sinde y lo que es peor, la han metido de tapadillo como una disposición dentro de la ley de sostenibilidad que se tiene que aprobar en unos días.

Por ahora toca esperar aunque no callar. El canon digital ya ha sido sentenciado como ilegal, al menos en el ámbito empresarial y profesional, el siguiente paso es que se declare ilegal a todos los efectos ya que es ilógico y atenta contra los principios fundamentales de un estado de derecho como el nuestro. Si finalmente la disposición segunda no desaparece de la ley de sostenibilidad el siguiente paso es denunciarla al defensor del pueblo y al tribunal constitucional por el mismo motivo: vulneración flagrante de los derechos básicos que se ven pisoteados en favor de un grupo empresarial que ve peligrar los privilegios de los que ha disfrutado durante años.

Oscar Pin – Consultor TIC

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