Esta semana ha sido noticia la caída de la web de la SGAE, la web  del Ministerio de Cultura de España y la web Promusicae debido a un ataque de DDoS llevado a cabo de forma organizada por un grupo de protesta en la red que en las últimas semanas ha ocupado los primeros titulares en la mayoría de medios de comunicación. El grupo Anonymous ya realizó varios ataques similares a principios del mes de septiembre contra varias webs que precisamente se dedican a realizar ataques de este tipo aunque siendo sus objetivos páginas web que facilitan el P2P entre los usuarios de Internet.

Realizando una comparación con el mundo offline, la empresa Motion Pictures Ass. of America (MPAA) ha contratado varias empresas de software con el único fin de bloquear el acceso a páginas web que facilitan listas de descargas de ficheros. Fuera de la red podríamos comparar estas empresas de software con grupos de mercenarios que realizan un trabajo al margen de la ley por una cantidad de dinero. Por este motivo, varios grupos de ciberprotesta, como es el caso del mencionado Anonymous,  se han organizado para devolver estos ataques a estas empresa y entrando en una espiral de violencia virtual de final incierto, han decidido atacar a otras organizaciones como la SGAE contra las que están abiertamente enfrentadas.

Que la SGAE, los grupos de poder que tiene a su alrededor y el gobierno español actual, estén disfrutando de una posición de poder cobrando unos cánones por el uso de unos dispositivos que a todas luces son injustos no pueden ser un argumento legítimo para tomarse la justicia por su mano y atacar la libertad de expresión en Internet (tanto si nos gusta lo que dicen como si no). Precisamente porque realizando estas acciones pierden toda la fuerza que les daba el denunciar los ataques ilegales que han sufrido páginas de descargas P2P. Tenemos claro que en un estado de derecho ha de ser un juez quien dictamine el cierre cautelar o definitivo de un site y los legisladores los que hagan leyes acordes a los tiempos en los que vivimos y que tengan en cuenta las nuevas tecnologías, las nuevas formas de interactuar que tienen los ciudadanos y la protección de la cultura. Esto último no quiere decir que se tenga que protegerse a un colectivo empresarial determinado que no sabe o no quiere adaptarse a los nuevos cambios.

Está claro que Internet no es un estado y carece de los mecanismo de gobierno a los que estamos acostumbrados la mayoría de nosotros. Este hecho facilita a algunas empresas,  lobbies y  grupos activistas el “ojo por ojo” ya que entienden que es la única manera de “poner las cosas en su sitio“.  El problema de todo esto es que igual que a un grupo de personas les ha parecido que la SGAE o el Ministerio de Cultura de España se merecen un “correctivo” por las políticas que están llevando a cabo, también pueden acabar pensando que una empresa en concreto y por el motivo que crean oportuno se merece el mismo tratamiento. Hay que recordar que la mayoría de las PYMES que tienen su negocio en Internet difícilmente podrían aguantar un ataque de este tipo durante varios días y que el daño que pueden ocasionar a estas empresas va más allá de no estar visible durante esos días en Internet.

Si realmente no queremos dar argumentos para que fiscalicen Internet y se acabe convirtiendo en un lugar en el que no podamos expresarnos libremente, aprendamos a convivir y a respetarnos. Es muy triste que a estas alturas el argumento de la violencia que aplican unos cuantos siga siendo el único modo que parece existir para defender las ideas.

Oscar Pin – Consultor TIC

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